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Entender lo que se lee

El Informe PISA sobre la enseñanza en España ha levantado inquietud; es el único avance

EDITORIAL
EL PAÍS - 06/12/2007

Aparentemente, los datos del Informe PISA sobre la situación de nuestro sistema educativo han suscitado esta vez cierta preocupación en la opinión pública; tal vez se deba a que el mayor retroceso se registra en comprensión lectora. Los adolescentes españoles leen poco y no entienden mucho de lo que leen. La alarma está justificada porque si falla eso se cierra el acceso al resto de los conocimientos.

Ya es algo que emerja tal inquietud, porque las encuestas reflejan sistemáticamente que la educación ocupa un lugar muy secundario entre las preocupaciones de los españoles. Algunas reacciones oficiales no han estado a la altura de esa inquietud. Especialmente las rutinarias apelaciones al pasado histórico, que no vienen a cuento, o la satisfacción de algunos responsables autonómicos porque han quedado menos mal que sus vecinos. Circunstancias como el fuerte aumento de la población inmigrante pueden ayudar a entender los resultados, pero no sirven para justificarlos; sobre todo, no justifican visiones escépticas de que, se haga lo que se haga, los resultados serán siempre parecidos porque dependen de factores familiares, socioeconómicos o ambientales.

Si el estudio detecta un problema, requerirá medidas específicas para hacerle frente; por ejemplo, de apoyo a esos escolares inmigrantes, o de estímulo de la lectura de los adolescentes. Es de sobra conocido que la lectura de los padres llama a la lectura de los hijos, y viceversa. En España, el 44,5% no lee nunca o casi nunca un libro. Eso es un dato. Habrá que tenerlo en cuenta para encontrar mecanismos que estimulen la lectura de los adolescentes en cuya casa no se lea.

Leer es lo que lleva a comprender; y es lo que permite también expresarse con corrección a la hora de responder a una pregunta sobre un texto e incluso de forma oral en la vida cotidiana. El hecho de que el 38,5% de la población española adulta ni siquiera haya acabado los estudios obligatorios es un factor decisivo en los resultados de los alumnos, como también lo es la cantidad de libros que tengan en casa. Pero sólo faltaba que toda la responsabilidad de los malos resultados de sus hijos en comprensión lectora fuera de los padres. Son las administraciones, en este caso, especialmente las educativas y culturales, las responsables de identificar los problemas y de promover iniciativas que ayuden a solucionarlos.

El fin de la lectura no es sólo disfrutar o conocer a los autores literarios, es también aprender, según la nueva Ley de Educación. Sin embargo, esta propuesta de dedicar un tiempo a la lectura en cada una de las asignaturas en Primaria y ESO ha pasado inadvertida. Esto obligaría a los alumnos a manejar otros libros aparte de los de texto, mapas, de divulgación, etcétera. La responsabilidad de aplicarlo es de las comunidades autónomas y de los propios centros educativos. La responsabilidad de los malos resultados es compartida y las soluciones deben serlo también.

Velo y escuela

EL PAÍS - 14/10/2007

La aparición de nuevos casos de conflicto entre escuelas públicas y alumnas que portan el hiyab ha reabierto la polémica del velo en los centros docentes. Tanto en el episodio de Girona como en los dos más recientes de Ceuta, las autoridades educativas han decidido permitir que las niñas asistan a clase con el hiyab, desautorizando la negativa de los centros en virtud del derecho constitucional a la educación. Ha sido una decisión acertada, porque lo que está en juego no es la conveniencia, o no, de prohibir el velo en la escuela, sino la posibilidad de hacerlo con los instrumentos jurídicos existentes. Rechazar en los colegios públicos a las alumnas con hiyab supondría dictar una prohibición que, según se exige en un Estado de derecho, no tiene apoyo en una ley y que, además, podría entrar en conflicto con el artículo 27 de la Constitución.

Si existe algún terreno para la polémica, y ojalá lo fuese sólo para el debate, es el de decidir si conviene aprobar una norma en la que apoyar la prohibición del hiyab. Los argumentos a favor se han buscado, por lo general, en la necesidad de prohibir el significado que se otorga al uso del velo, identificado con un símbolo de sometimiento de la mujer en el islam. El punto débil de este razonamiento radica en la modestia de su objetivo: si el uso de un pañuelo en la cabeza representase, en efecto, un símbolo de la discriminación de la mujer, la respuesta de una sociedad democrática sería prohibirlo en cualquier espacio público, no sólo en la escuela.

Legislar sobre el velo obligaría a toda la comunidad de estudiantes a regirse por una norma pensada sólo para una exigua minoría de ellos, lo que, a plazo, podría favorecer la animosidad en su contra e, incluso, la xenofobia: no habrían de faltar, por ejemplo, grupos de católicos que se quejasen de tener que renunciar a los signos de su religión por culpa del velo de las musulmanas, a las que, además, se presentaría como extranjeras. En un Estado democrático como el que está vigente en España se establece la aconfesionalidad de las instituciones precisamente para que los ciudadanos puedan optar por la fe que prefieran, o por ninguna. Si la aconfesionalidad se trasladase a la manera de vestir, aunque fuera en determinados lugares como la escuela, el problema jurídico que se abre exigiría discutir una materia distinta y altamente sensible como son los límites de la libertad religiosa.

El sistema de arbitraje entre los centros y las autoridades educativas que se ha establecido implícitamente en los casos de Girona y de Ceuta, así como el que ya se produjo en El Escorial en 2002, no es en el fondo una solución tan desacertada como se ha repetido durante los últimos días.

Enseñanza mediana

EDITORIAL
EL PAÍS - 21/09/2007

La educación se ha convertido en un factor decisivo de cambio social y económico; lo que implica que se encuentra en el centro de los debates sobre la configuración futura de las sociedades avanzadas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de dar a conocer un amplio informe sobre aspectos educativos en sus países miembros que permite disponer de datos con los que contrastar distintas alternativas y enmarcar la situación de España.

Un primer dato interesante es el papel de integración social que está jugando la educación en nuestro país. Las posibilidades de que el hijo de un trabajador manual obtenga un título universitario son mayores en España que en ningún otro país, y esa igualdad de oportunidades en el plano social se extiende al territorial. Y aunque la discriminación salarial en función del sexo a igualdad de titulación sigue siendo una lacra, resulta que lo es menos que otros países con una dilatada tradición de democracia.

La tasa de jóvenes con titulación superior a la enseñanza obligatoria, sin embargo, es comparativamente baja en España. Todavía queda mucho que hacer en esta franja crucial de cualificación educativa para acercarnos a lo que es normal en los países desarrollados. Por otra parte, el porcentaje de universitarios respecto de la población en edad de seguir estos estudios se ha estancado.

Algunos otros datos tienen una explicación más coyuntural. Por ejemplo, la posesión de un título universitario siempre ha supuesto una ventaja comparativa, tanto en la seguridad de conseguir empleo como en la calidad y remuneración de éste. Y así sigue siendo, pero la diferencia entre las tasas de desempleo de los titulados superiores y aquellos que sólo tienen la educación obligatoria se ha reducido. Sin duda, debido al factor de rápido crecimiento económico y el sostenido crecimiento del empleo en nuestro país.

En general se observa que España gasta todavía menos que el promedio de los países desarrollados. Pero, siendo éste un factor que debe corregirse, lo peor es que no se gasta eficazmente, al menos no como en países que son ejemplares en la organización de su educación. Y es este punto el que debería centrar la atención de las autoridades responsables en temas educativos; como conseguir que los recursos dedicados a educación rindan de forma más eficaz. Estos recursos están teniendo un positivo efecto en la cohesión social, pero no tanto en los niveles de calidad requeridos.

Los obispos y la doctrina de la discordia

EL PAÍS - 09/09/2007

El curso escolar arranca caliente. En siete comunidades -ninguna gobernada por el PP- comenzará a impartirse la asignatura Educación para la Ciudadanía para los alumnos de 14 y 15 años; el año próximo se extenderá a las restantes. Englobada dentro de la LOE, que fue aprobada en marzo de 2006, la materia -una guía de principios éticos individuales y sociales encuadrados en la realidad de hoy- ha sido utilizada exagerada y demagógicamente como ariete contra el Gobierno por los sectores católicos más conservadores, con la Conferencia Episcopal (excluido su presidente) y el PP en la vanguardia de la campaña de desgaste. Desde algunos de esos sectores se ha alentado la desobediencia civil y la objeción de conciencia. El Ministerio de Educación advierte que será obligatoria para obtener el título de bachiller.

Lo grotesco de los ataques que ha recibido, como calificarla "propia del fascismo", en boca de algunos dirigentes de los populares, o el aplastante aviso del cardenal Cañizares de que impartirla equivale a "colaborar con el mal" no parecen incompatibles con no haberse molestado ni en echar un vistazo a los múltiples manuales que cada centro de enseñanza libremente podrá escoger. En general, abordan cuestiones recogidas en la Constitución y ligadas a la realidad de nuestra democracia, como el reconocimiento de la homosexualidad y el aborto, la familia de hoy o principios generales sobre la inmigración, el acoso escolar, la violencia doméstica o la solidaridad con el Tercer Mundo.

Precisamente, resulta significativa y a la vez contradictoria la variada panoplia de argumentos recogidos en esos libros. Esa diversidad llega incluso a que en uno de ellos se afirme que las parejas homosexuales pueden formar uniones respetables, pero no matrimonios, en contra de lo que sostiene la ley, o se rechace frontalmente el aborto. Eso ha facilitado que la FERE, la patronal de los colegios religiosos concertados, se haya desmarcado de la postura hostil de otras asociaciones católicas partidarias del boicoteo, al anunciar que en sus centros se impartirá sin problemas. Como ha dicho su secretario, son ideas perfectamente asumibles para los creyentes: "Basta con que elijan el texto y el profesor adecuado", como si se tratara de una asignatura a la carta. Esa actitud taimada de la FERE encierra pragmatismo por temor a que el rechazo a la misma desemboque en la suspensión de las subvenciones del Estado a sus centros.

De ese pragmatismo mercantilista quiso servirse también el Gobierno, al rebajar su proyecto inicial en sus tanteos negociadores con los obispos. Probablemente era sensato hacerlo así, puesto que no habría necesidad de enfrentamiento alguno con la Iglesia, siempre que los obispos entendiesen, con todas sus consecuencias, que las leyes del Estado las deciden los legisladores en el Congreso. Pero ninguna concesión del Gobierno socialista les ha bastado a los prelados, ni en éste ni en otros asuntos, como el del generoso aumento de la aportación estatal a las finanzas del clero español o la enseñanza de la religión.

Y, por tanto, quizá sí se hubiese requerido una respuesta más contundente en los hechos, especialmente ante planteamientos tan demagógicos como que la disciplina es un "catecismo socialista" o un adoctrinamiento ideológico semejante al de la "formación del espíritu nacional" de la dictadura franquista, cuando en varios países de la UE se imparten materias más o menos parecidas. ¿Qué opinan en público los obispos franceses de la escuela laica del país vecino? ¿Podría explicarlo la Conferencia Episcopal? La actitud condescendiente del ministerio hacia algunos de los textos permitidos a fin de rebajar la tensión con los obispos devalúa los objetivos de la asignatura y puede causar cierta manipulación en los colegios religiosos.

La Iglesia católica no ha hecho gala de comprensión al examinar los planteamientos de una sociedad democrática por encima de los valores religiosos. Por desgracia, su actitud suena más a intromisión y ventajismo que a buenas intenciones, y ha reforzado a los sectores integristas. Es triste que en este fenomenal ruido hayan quedado completamente al margen los propios educadores, que a la postre serán los responsables de impartir la materia. Ellos deberán explicar en clase esos valores éticos, pero de poco servirá si tales principios no emanan antes del núcleo familiar. Y allí sí que hay un gran déficit.

Episcopado en rebeldía

EL PAÍS.
EDITORIAL. 15/07/2007

Crece la tensión en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, contestada por el Partido Popular y por la Conferencia Episcopal Española. Algunos barones regionales del principal grupo de la oposición, como Esperanza Aguirre, han venido a coincidir con la asamblea de los obispos en objetar la enseñanza de esta materia, que comenzará a impartirse el próximo curso. Si el reproche que cabe hacer a los prelados es que basan su crítica en afirmaciones que no se corresponden con la realidad, el que incumbe a la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que ver con el respeto a las instituciones: como parte del Estado que es la autonomía que dirige, no puede ser declarada territorio sin ley.

La Conferencia Episcopal se ha encontrado con una contestación inesperada dentro de sus propias filas, con lo que se demuestra que la actual jerarquía eclesiástica no representa, ni mucho menos monopoliza, el sentimiento de los católicos en España. La poderosa Federación Española de Religiosos de la Enseñanza ha expresado su disposición a actuar según se espera que lo hagan los ciudadanos de un Estado democrático: cumpliendo la ley. La organización que agrupa a la mayoría de los colegios católicos considera la polémica desenfocada y desproporcionada. Algo que, al parecer, no es del agrado de los obispos, que han sostenido argumentos tan insólitos como que impartir la asignatura en un centro era "colaborar con el Mal". Ojalá el Mal, de existir con esos tintes apocalípticos, se manifestase a través de expresiones tan apacibles y benéficas como la Educación para la Ciudadanía.

Los obispos vienen denunciando desde hace tiempo el "alarmante laicismo" de la sociedad, considerándolo como el "drama de nuestro tiempo". Tal vez le convendría a la Conferencia Episcopal contemplar la realidad tal y como es, y comprobar que si se quisiera subrayar un drama entre los muchos que padece nuestro tiempo sería el que está provocando el integrismo, la voluntad de fundir la creencia religiosa y el poder político, según pretenden hacer con el aplauso de algunos dirigentes del PP. Los obispos se quejan de que se está coartando su libertad sencillamente porque el Estado no les permite que ellos coarten la de todos. Incluso la de los centros religiosos que han rechazado declararse en rebeldía, como les anima a hacer este montaraz episcopado.