El Consejo Escolar del Estado analiza el curso 2005-06

Disminuir las ratios, promover programas de apoyo y refuerzo y planes para la integración de inmigrantes son algunas de las propuestas que el Consejo Escolar del Estado formula en su informe sobre el estado y situación del sistema educativo, correspondiente al curso 2005-06.



En su último informe reclama mayor inversión, mejorar la calidad de la enseñanza y actuar contra el fracaso escolar

COMUNIDAD ESCOLAR
Año XXV, número 817
10 de octubre de 2007
Madrid.
ROSAURA CALLEJA

Para el Consejo Escolar del Estado es imprescindible que las administraciones educativas elaboren un plan de construcción de plazas públicas que garantice la suficiente oferta en esta etapa y lograr la tasa de escolarización del 100% en el segundo ciclo, estableciendo un calendario acorde con los objetivos europeos fijados para el 2010. Así como, apoya la colaboración con las corporaciones locales para la creación de plazas gratuitas en el primer ciclo. Con el fin de mejorar la calidad y la atención individualizada, exige que el número máximo de niños por clase disminuya y se recomienda 15 por aula, además de introducir una lengua extranjera en el segundo ciclo y promover la iniciación temprana en la lecto-escritura, en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y en la expresión visual y musical.

Primaria

La detección temprana de las dificultades de aprendizaje del alumnado y la adopción de medidas de apoyo y refuerzo representan actuaciones fundamentales para elevar la tasa de idoneidad en la Educación Primaria y los equipos de orientación educativa y psicopedagógica desempeñan un papel primordial.

En este documento, el Consejo Escolar del Estado expone que la diversidad del alumnado y la atención individualizada exige que la ratio disminuya, estableciéndose en 15 el número máximo de niños por clase. De igual modo, advierte de la necesidad de incrementar la inversión en el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) para garantizar a los colectivos más vulnerables la mejora de su formación y prevenir los riesgos de exclusión social.

También se muestra partidario de dotar a los centros de bibliotecas escolares atendidas por personal especializado, con objeto de convertirlas en un sólido apoyo para los procesos de enseñanza y aprendizaje. A juicio de los miembros de este organismo, se debería revisar el currículo de Primaria, a fin de eliminar el exceso de contenidos que hoy padece, además de potenciar la elaboración de currículos globalizados e integrados evitando la fragmentación en multitud de asignaturas y especialistas.

Asimismo, consideran que las evaluaciones de diagnóstico previstas en la ley, que se realizan al finalizar el segundo ciclo de esta etapa, son un factor de especial importancia para efectuar la permanente adaptación y mejora de los centros.

Para un contacto fluido entre la escuelas y las familias, el Consejo Escolar del Estado propone la regulación de un permiso laboral que permita a los trabajadores atender las necesidades escolares de sus hijos, que requieran su presencia en el centro, promover la implantación de programas de formación de padres y establecer compromisos entre las familias y el centro. También considera necesario dotar de profesorado de apoyo y disminuir la ratio en los centros con alumnos que precisen de atención más individualizada o de origen inmigrante.

ESO

Con el fin de aproximarse a la media europea, este órgano consultivo reclama adoptar las medidas necesarias para aumentar la tasa de alumnos titulados en ESO, por lo que se requiere incrementar la inversión, ya que “sólo alcanzando el 7% del PIB para la educación pública podremos limitar el atraso histórico que sufre el sistema educativo español, con respecto a los demás países de nuestro entorno”.

De igual modo, recomienda mejorar la atención a la diversidad, a través de programas de diversificación, medidas de compensación educativa, Planes de Refuerzo, Orientación y Apoyo, desdobles y refuerzos en áreas instrumentales. Así como, los miembros de este Consejo valoran como urgente disminuir el número de alumnos por aula, limitar el número de grupos que atienda un profesor, articular mecanismos para el desarrollo de planes de convivencia, incorporar profesionales no docentes y establecer medidas de apoyo específico para alumnos que accedan al primer curso de la ESO y que necesiten consolidar las competencias básicas en las áreas instrumentales. En esta línea, se decantan por promover la creación de planes de acogida e integración de inmigrantes con necesidades específicas de apoyo educativo para su adecuada escolarización y su integración humana, cultural y escolar.Otra de sus propuestas se concreta en la elaboración de planes de prevención y lucha contra el fracaso escolar que se canalizarían a través del refuerzo de la tutoría y de la orientación escolar, los refuerzos educativos, desdobles, reducción de las ratios, aumentar la plantilla docente y asistentes y educadores sociales.

En este informe, se valora como imprescindible el aumento de la oferta de los programas de iniciación profesional para que los estudiantes que no obtengan la titulación en ESO puedan continuar en esta vía formativa y no abandonen la enseñanza formal sin alternativas. Además de incrementar las ofertas formativas presenciales, a distancia y de adultos, dirigidas a jóvenes sin titulación, con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años.

Bachillerato y FP

Para lograr que un 85% de las personas de 18 a 24 años alcance el nivel de educación secundaria superior, el Consejo Escolar del Estado reclama la articulación de las medidas necesarias tendentes a invertir la actual tendencia decreciente, que ha pasado del 65,9% al 61,3% en 2005. Una de las actuaciones sería aumentar la oferta de la enseñanza postobligatoria en régimen nocturno y a distancia, así como flexibilizar y facilitar el acceso y opción a las mismas de los estudiantes mayores de 18 años. Además, este organismo apuesta por establecer una Red de Centros de Segunda Oportunidad que faciliten información, atención personalizada y formación en competencias básicas, atrayendo a la población adulta que carezca del nivel de educación secundaria superior. También señala que a esta Red se deberían incorporar los Centros Integrados de Formación Profesional y los institutos con capacidad para ofrecer horarios de tarde-noche.

Los miembros del Consejo se muestran partidarios de revisar y actualiza el currículo, “cada vez más sobrecargado de asignaturas y desfasado en muchos aspectos para la sociedad de la información y la comunicación del siglo XXI”. También proponen al MEC facilitar a los alumnos “pasarelas” entre las distintas modalidades de Bachillerato, cada vez más diversificado en opciones e itinerarios académicos.

Con el objetivo de reducir el desequilibrio entre los estudios profesionales y los estudios académicos, el Consejo aconseja promover la Formación Profesional como alternativa a la universidad, por lo que es necesario ofrecer una FP atractiva para la juventud y adecuadas a las características y necesidades del mercado laboral. En este campo, considera imprescindible impulsar el desarrollo del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y la ampliación de la Red Pública de Formación Profesional con una oferta que corresponda a las demandas sociales. Por último, insta a las administraciones educativas a una mayor cooperación del mundo empresarial, las universidades y ámbito económico en el diseño y planificación de las enseñanzas profesionales.

Gasto público

En el apartado de gasto público en relación con el PIB, el Consejo Escolar del Estado “lamenta que la Ley Orgánica de Educación contemple que la equiparación de la inversión en educación del Estado español con la inversión media de la UE se consiga en el plazo de diez años, cuando la aplicación de esta Ley debe hacerse en los próximos cinco años”. Por lo que, este órgano consultivo solicita a las administraciones públicas a aumentar de forma significativa el presupuesto educativo para lograr la equiparación con la media de los países comunitarios, tanto en gasto público sobre el PIB como en gasto anual por estudiante.Asimismo, considera necesario que la inversión en educación alcance el 7% del PIB a la finalización de la próxima legislatura, “como única forma de superar los déficits estructurales ocasionados por tantos años de inversiones por debajo de la de otros países de nuestro entorno”.

En este documento, el Consejo Escolar del Estado asume las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo 2007, pero incluye, además, su apoyo al Observatorio de la Convivencia en la escuela.

De igual modo respalda los estudios que realice el MEC anualmente para actualizar los datos, que facilite datos reales y objetivos, a fin de analizar y buscar soluciones a los conflictos que se producen y así observar las mejoras con respecto a las medidas adoptadas. Otra propuesta va encaminada a la recopilación y difusión de prácticas especialmente significativas de mediación, fomento de la convivencia entre alumnos de diferentes culturas y de igualdad real entre hombres y mujeres.

Para favorecer la convivencia en los centros apuesta por la educación en valores y considera que “la impartición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía no debe ser óbice para que se sigan trabajando en todas las áreas de forma transversal los valores democráticos, la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención y resolución pacífica de los conflictos”.

Si bien, este organismo reconoce que muchos estudiantes se desmotivan en el Bachillerato ante la situación que atraviesa la universidad y las propias expectativas de futuro que tiene un estudio superior, plantea que para contrarrestar esta situación hay que eliminar las actuales cribas que existen para estudiar en la universidad, como selectividad, insuficiencia en la política de becas, tasas y multas a repetidores, así como mejorar la calidad de la universidad pública, aumentando la inversión.

Por último, el Consejo Escolar del Estado se muestra partidario de un mayor compromiso de los medios de comunicación con la convivencia escolar, por lo que recomienda la realización de un protocolo de actuación entre las administraciones educativas y los medios de comunicación para huir del sensacionalismo y para comprometerse a que el tratamiento de estas noticias se lleve a cabo con el rigor adecuado.