lA ESCUELA CATÓLICA MATIZA A LOS OBISPOS

FERE y EyG especifican por escrito a sus centros cómo proceder ante la implantación de la asignatura de Ciudadanía

EL PAÍS - Madrid - 02/07/2007


Durante los últimos días los centros concertados, en su mayoría dirigidos por congregaciones religiosas, pertenecientes a la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Centros Católicos (FERE-CECA) y a Escuelas Católicas (EyG), están recibiendo un escrito en el que se establece el modo de proceder ante la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Los prelados reiteran que la materia es totalitaria porque, "en vez de enseñar, domestica"

En una circular remitida a sus centros, Escuelas Católicas señala la postura que ha venido manteniendo desde el principio, cuando comenzó a gestarse esta nueva materia curricular: oposición a la misma en el Consejo Escolar del Estado y, más tarde, lucha para que los contenidos que se impartan, una vez aprobada por el Paramento, respeten el ideario de cada centro.

Según la FERE, "el fruto de estas negociaciones fue una mejora importante de los contenidos aprobados finalmente, en comparación con los borradores iniciales propuestos por el ministerio".
Los responsables de los colegios católicos señalan que las familias que escogen esos centros "realizan una opción concreta por una determinada formación religiosa y moral para sus hijos, cuyo contenido forma parte del Proyecto Educativo del Centro". Añaden: "En base a ese proyecto educativo, asumido por los padres al solicitar un determinado centro, se impartirá la asignatura de Educación para la Ciudadanía". Los centros informarán a los padres, profesores y alumnos de todo lo relativo a esta materia y cómo va a organizarse, declara la Federación de Religiosos de la Enseñanza a la agencia Ivicon.

Sobre una de esas posibilidades, la objeción de conciencia, Escuelas Católicas señala: "El centro no pondrá dificultad alguna a los padres y trasladarán las peticiones a la Administración ya que el Centro no está facultado para conceder o denegar la solicitud de exención de una asignatura obligatoria". Pero se recuerda que "no existe una asignatura alternativa", que la Administración no "concede un aumento de recursos materiales para realizar dicha atención singular", y que los padres deben informarse de "los efectos académicos previstos en la normativa académica", en caso de no cursar una materia.

La postura de los centros agrupados en FERE-CECA y EyG es similar a la que mantienen otros titulares de centros católicos. Eso parece alejar la idea de que se generalice la objeción de conciencia ante esa asignatura, como parecen desear por obispos. El cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, en la carta pastoral titulada Orientaciones sobre Educación para la Ciudadanía, lanzó la semana pasada una expresa advertencia a los colegios católicos al señalar que enseñar la nueva asignatura, aunque sea adaptándola al ideario del colegio como plantea la FERE, supone "colaborar con el mal".

La nueva asignatura empezará a impartirse en tercero de Secundaria el próximo curso en siete comunidades autónomas. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera ha reiterado que no se retirará y que será obligatoria para pasar curso.

Varios obispos han reiterado estos días en cartas pastorales la idea fuerza del cardenal Cañizares. La asignatura de Educación para Ciudadanía y Derechos Humanos, insisten, es "engañosa", "totalitaria" y "empobrecedora" porque "en vez de enseñar, domestica". También piden a los padres católicos que recurran a la objeción de conciencia.

"Lejos de atajar los problemas actuales que sufren los jóvenes, los ahondarán más", afirma el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián. "El hecho de confiar la educación moral de los jóvenes a una asignatura fundada en el orden político y destinada a moldear las conciencias de los alumnos de acuerdo con las exigencias del orden político resulta necesariamente empobrecedor y laicista", añade el prelado de Navarra, uno de los de mayor autoridad moral en el episcopado español.

En la misma línea se han pronunciado el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, y los obispos de Huesca-Jaca y de Córdoba, Jesús Sanz Montes y Juan José Asenjo, respectivamente.