Mena ordena mano dura en las agresiones a profesores y personal sanitario

EL PAÍS - 15-11-2006


El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, ha cursado una instrucción en la que emplaza a los fiscales a que acusen por un delito de atentado cuando se produzcan agresiones a profesores o a personal sanitario. Mena asegura que estos profesionales "personifican y garantizan el disfrute efectivo del derecho a la educación o a la salud" y que, por ello, merecen que se les proteja con la ley.

La instrucción del fiscal jefe ordena que en estos casos se impute el delito de atentado previsto en el artículo 550 del Código Penal, que se refiere al uso de la fuerza o intimidación grave contra los policías o funcionarios públicos que se encuentren desempeñando sus funciones. En el caso de los profesionales de la sanidad o de la enseñanza la pena prevista oscilaría entre uno y tres años de cárcel.

La iniciativa de José María Mena se produce después de que en las últimas semanas hayan trascendido diversos casos de agresiones a profesores, que les llevó a manifestarse hace unos días por las calles de Barcelona. La instrucción del fiscal jefe está en la misma línea de la que ya anunció su homólogo en Andalucía.

En el caso de la orden dictada por Mena, éste explica que las agresiones a los profesores, además de un menoscabo de su integridad física y moral, supone una perturbación de la función pública que desarrollan y que eso entorpece el disfrute de los derechos constitucionales a la educación y la salud. Por eso, el fiscal razona que las agresiones a los profesionales de la educación o la sanidad "merecen la más severa perspectiva jurídico-penal".

Abundante jurisprudencia

Mena relata la numerosa jurisprudencia que avala la consideración de funcionario público a profesores y personal sanitario, desde el punto de vista penal y no administrativo. Así, recuerda el caso de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 1991 en el caso de un catedrático de universidad agredido tras un examen por un estudiante suspendido. Otra sentencia la dictó en 1995 la Audiencia de Murcia y consideró atentado la agresión a un director de colegio público agredido por no atender las peticiones del padre de un alumno.

La Audiencia de Cádiz también consideró como atentado en el año 2000 la agresión que sufrió un jefe de estudios de un colegio público. En el caso del ámbito sanitario, una sentencia de 1993 del Tribunal Supremo consideró funcionarios públicos a un médico y a un enfermero.